En la Legislatura avanza un proyecto que pretende otorgar al Ministerio de Salud los deberes correspondientes a sanidad en los Servicios Penitenciarios Bonaerenses. Hoy están en manos de Justicia y Seguridad, lo que trajo malas consecuencias según quien formuló la iniciativa.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados provincial dio voto positivo a un proyecto presentado por la diputada Liliana Piani que busca transferir la Dirección de Salud Penitenciaria, actualmente dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, al Ministerio de Salud. Esta semana será evaluado en la sesión de la cámara baja, con posibilidad de obtener su media sanción.
Según anunció la impulsora, el objetivo es “garantizar la igualdad del derecho a la salud para toda la población, sin discriminar situaciones o condiciones legales”. La Ley de ministerios (nº 13757) de la Provincia de Buenos Aires no establece entre las funciones del Ministerio de Seguridad y Justicia nada relacionado con la salud de los detenidos, sin embargo siempre ha dependido de él. De acuerdo al análisis que fundamenta al proyecto, esta situación ha traído dos consecuencias “nocivas”; la desatención a criterios epidemiológicos por priorizar los de seguridad y la elaboración de estándares de salud alejados de los de la población general.
Asimismo, la propuesta argumenta que “se trata de una población que requiere de un abordaje sanitario particular ya que, cuando los criterios epidemiológicos se encuentran devaluados respecto de otras prioridades, una pena de prisión implica un mayor riesgo de enfermarse gravemente o una oportunidad perdida para recuperarse de una enfermedad existente o una dependencia”
El posible cambio se enmarcaría en lo dictado por la Organización de las Naciones Unidas en sus Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, que dice que “tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica”.
En la actualidad hay más de 27 mil personas recluidas en las instituciones penales de la Provincia y, por ejemplo, no hay cifras exactas de cuántas son portadoras de HIV, lo que ha sido denunciado ante la justicia por el defensor general de San
Nicolás, Gabriel Ganon.
En lo que respecta al personal que se desempeña actualmente en la Dirección de Salud Penitenciaria, el proyecto de Piani contempla que puedan pasar a la órbita del Ministerio de Salud o continuar en el Servicio Penitenciario Bonaerense en cargos con funciones de vigilancia o administrativos, cuyas tareas no se relacionan con el área de salud.
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